Se vuelve a urbanizar en la Costa del Sol

El ladrillo ha vuelto a la costa. Cuando la crisis apenas levanta cabeza, las expectativas de construcción sobre los ecosistemas costeros se disparan. Es la principal con­clusión de un informe elaborado por Greenpeace que arroja un ­dato implacable: el 80% de los recursos ambientales que proporciona la costa ha empeorado debido a la urbanización masiva, según un análisis de diez indicadores en el periodo 2005-2014. En los últimos 30 años (desde la aprobación de la ley de Costas de 1988), la superficie de costa urbanizada se ha duplicado en España y ha pasado de 240.000 a 530.000 hectáreas. Esto significa que el 13,1% de la costa está urbanizada frente al 2% del interior del territorio nacional.

Múltiples pruebas apuntan a una revitalización del proceso de urbanización costero. “El número de compraventas de viviendas alcanza las mejores cifras de los últimos diez años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística”, destaca Pilar Marcos, experta de Greenpeace. El ladrillo creció un 6% interanual el primer trimestre del 2018, “cifra que no se alcanzó ni en los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria”, dice el informe.

Las inmobiliarias comercializan en estos momentos 11.000 casas en 200 proyectos en la Costa del Sol y en los próximos tres años esperan levantar hasta 35.000 viviendas en este tramo del litoral andaluz.

La cercanía del mar vuelve a atraer a los promotores, especialmente en Málaga, Alicante, las islas y Catalunya.

“Es fundamental que el Ministerio para la Transición Ecológica evite que se repitan los errores recientes. Ha de haber tolerancia cero con la destrucción de los tramos de costa que quedan sin urbanizar”, añade Pilar Marcos, que pide coordinación entre los diversos departamentos para impedir que “el urbanismo salvaje no nos deje hipotecados y en una nueva crisis tanto social como ambiental”.

Colosal transformación

La ley de Costas no ha sido suficiente y ha fracasado en el objetivo de poner freno a la urbanización desbocada, especialmente en la costa mediterránea. También ha incidido la ocupación propulsada por la ley del Suelo (de cuya aprobación se cumplen 20 años) fruto del empeño de urbanizar todo el suelo carente de protección.

En sólo 18 años, entre 1987 y 2005, la transformación del litoral fue colosal. En los primeros 500 metros de costa se urbanizó suelo equivalente a dos campos de fútbol al día.

El grado de urbanización del suelo y de destrucción de sus ecosistemas varía entre las distintas regiones y se concentra en el Mediterráneo, muy especialmente en las provincias de Barcelona (40,9%), Málaga (26,2%) y ­Alicante (28,5%). La transformación es más intensa cerca del mar.

Catalunya presenta el mayor porcentaje de superficie costera urbanizada, el 26,4%; seguida de la Comunitat Valenciana (23,1%), y Andalucía (15,4%). Por su parte, Euskadi es uno de los territorios que menos ha sufrido la degradación de sus ecosistemas costeros.

Puertos, paseos y playas

El hormigón ha llegado a los puertos deportivos y a los paseos marítimos, que han completado un litoral con playas sujetadas con espigones. El 36,5% de las playas españolas están urbanizadas y no son naturales (no conectan con espacios de esta categoría). Este porcentaje alcanza el 40% en las zonas mediterráneas y el 83,6% en el litoral de Barcelona (lo mismo que en Málaga).

El resultado es que en los presupuestos generales del Estado de 2018, el 93% de las inversiones de dinero público destinado a la costa se centran en renovar y construir paseos marítimos y regenerar las playas con arena, mientras que la conservación del litoral solo recibe el 7% restante. Esto costó más de 100 millones de euros cada año (38,5 millones de euros para la gestión de los lodos contaminados de Fertiberia en Huelva o los 33 millones para estabilizar las playas de Barcelona, que sufren pérdidas constantes de arenas).

“La masiva ocupación de la primera línea litoral deja un legado de una costa saturada e incapaz de generar los bienes y servicios necesarios para un desarrollo sostenible futuro”, declara Paloma Nuche, responsable de la campaña de costas de Greenpeace. “No ­podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la costa, la franja más valiosa y rica de nuestro territorio, sigue su imparable declive”, añade Nuche. El aumento de población dispara las demandas recursos, servicios y abastecimientos (comida, agua dulce, electricidad…) y de residuos. “Y al final, tenemos ecosistemas menos productivos y más contaminados”, afirma.

Pérdidas en los servicios ambientales

El principal efecto ha sido la pérdida alarmante de suelo ocupado por cultivos y pastizales, que ha disminuido un 13% en el periodo analizado. No menos llamativa es la merma del 10,6% de la vegetación de la ribera de los ríos y de otros cauces de agua, lo que incrementa la indefensión de la población frente a los sucesos climáticos extremos (lluvias torrenciales, gotas frías…).

Otros ámbitos donde los servicios ambientales sufren mermas son las salinas (que alberga gran biodiversidad), los bosques y humedales (que aportan agua de evaporación a la atmósfera) y el paisaje (con la pérdida de la capacidad de disfrute al aire libre con deportes de montaña, senderismo, educación ambiental…).

“Los bienes y servicios que nos proporcionan los ecosistemas costeros son básicos para el sustento de la vida humana. Debemos detener la destrucción de la costa y sus servicios para no hipotecar nuestro futuro”, dice Raúl Estévez, experto del Observatorio de la Sostenibilidad.

La pérdida de los ecosistemas que proporcionan bienes y servicios ambientales es la tónica general en el litoral. Las únicas zonas que se mantienen intactas son aquellas que tienen figuras de protección específica (parques nacionales, parques naturales). Pero concentrar la conservación en estas “ciudadelas” (o espacios de excelencia natural ) es insuficiente si no se extiende a zonas colindantes, añade Estévez.

Un peligro añadido es que esta ocupación del litoral haga cuestionar la idea de que en España el acceso a la primera línea de mar es libre y gratuito, según explica ­Pilar Marcos. De hecho, la mo­dificación de la ley de Costas del 2013 mantuvo las concesiones ­situadas en espacios de dominio público, muchas de las cuales ­debían revertir precisamente al Estado este año. Sin embargo, el gobierno del PP las mantuvo con prórrogas de 75 años más, como el caso de la industria papelera Ence en Pontevedra.