El Gobierno eliminará el “impuesto al sol” antes de que acabe el año

El impuesto al sol aprobado en 2o15 ya es historia. El Gobierno ha aprobado la batería de medidas urgentes anunciada en los últimos meses por la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera para paliar el impacto de la subida de los precios de la electricidad en los colectivos más vulnerables y para eliminar las trabas al autoconsumo de electricidad.

Con ese fin, el consejo de ministros ha dado luz verde en un Real Decreto a un nuevo bono social eléctrico que amplía los descuentos y los beneficiarios, así como al bono de calefacción, que se pagará en metálico y tendrá en cuenta la situación de la vivienda y el clima de la región en la que se ubica. Además, suspende durante seis meses el impuesto del 7% a la generación y el de hidrocarburos en la producción eléctrica para reducir en un 4% el recibo medio.

El nuevo bono social, que se podrá solicitar hasta fin de año, amplía un 15% la cantidad de electricidad consumida a la que se aplican los descuentos y rebaja las exigencias de renta para que hogares con mujeres al frente (monomarentales) y ancianos que viven solos puedan acceder a las ayudas.

La eliminación del impuesto al sol es una vieja demanda de los colectivos favorables al desarrollo de las energías renovables. Implantado en el año 2015 por Real Decreto (RD 900/2015de 9 de octubre), el impuesto son los importes que alguien que haya instalado paneles solares tiene que pagar por seguir “enganchado” a la red eléctrica; aunque no haga uso de ella y en concepto de costes y servicios del sistema. El impuesto eliminado afectaba incluso a la instalación de baterías para acumular energía; también debían pagar los cargos fijos por la energía almacenada y consumida.

Respaldo del Supremo

El impuesto fue respaldado por el Tribunal Supremo, pero todos los partidos políticos, a excepción del PP, han manifestado su oposición a mantener los cargos. Todos los grupos –a excepción del Popular– apoyaron en el Congreso -enero de 2017 y en mayo de 2018- una proposición de ley que reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.  Ciudadanos apoyó la iniciativa en enero de 2017, aunque luego vetó su tramitación junto con el PP en la Mesa del Congreso. En mayo de este año, PSOE, ERC, PNV, PdeCat y Coalición Canaria volvieron a presentar la proposición de ley.

Además de eliminar el impuesto al sol, el Gobierno ha aprobado la suspensión del impuesto a la generación (7%) para reducir las cargas que  soporta el recibo de la luz.  La suspensión supondrá una reducción de ingresos de alrededor de 1.200 millones que el Gobierno espera compensar con una mayor recaudación por derechos de emisión de CO2.

Para combatir la pobreza energética, además de ampliar el acceso a las ayudas a hogares monomarentales y ancianos solos, el bono social diseñado por Ribera eleva los topes máximos de consumo con derecho a ayudas en un 15% en todos los casos (familias sin menores; con menores a cargo o pensionistas; con dos menores o  familias numerosas).

La extensión del bono social eléctrico irá acompañado del nuevo bono de calefacción anunciado por la ministra Ribera en el Congreso. La nueva ayuda se pagará en metálico y servirá para pagar combustible de calefacción, agua caliente sanitaria y cocina. El bono, al que se podrán acoger los solicitantes del bono social como un complemento tendrá en cuenta, además de la renta, las características de la vivienda y el clima de la comunidad autónoma en la que esté ubicada.

En principio, la financiación de las ayudas a la calefacción correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de la recaudación de las subastas de derechos de emisión de CO2 y de aportaciones voluntarias de las empresas.

El coste del nuevo bono

En conjunto, el bono social de la luz y el complementario para la calefacción que prepara el Ministerio de Transición Ecológica costarán más de 300 millones de euros, según los cálculos del departamento que dirige Teresa Ribera.

El bono social eléctrico existente hasta ahora cuesta en torno a los 240 millones de euros. Lo financian todas las empresas comercializadoras. Las eléctricas se han resistido siempre a pagarlo. Recurrieron al Supremo, que les dio la razón en 2016, lo que obligó al Gobierno a devolver lo cobrado y a distribuir la carga entre todas las empresas. Hasta entonces, Endesa cubría el 41% de la factura social, Iberdrola el 38% y Gas Natural el 14%. Las demás se repartían el 13% restante.

La extensión del bono social a la calefacción y la anunciada suspensión del impuesto a la generación eléctrica (1.200 millones) obligarán a Ribera a hacer encaje de bolillos con la estructura de ingresos y gastos del sistema que, por ley, no puede registrar déficits.

La idea sobre la que trabaja el Ministerio de Transición para cubrir lo más posible a los 4,6 millones de ciudadanos en situación de pobreza energética la avanzó una iniciativa del propio PSOE en 2017, cuando estaba en la oposición.

Fuente: La Información