Apenas el 20% de las piscinas de comunidades se han adaptado a la normativa de accesibilidad

Apenas el 20% de las piscinas de comunidades se han adaptado a la normativa de accesibilidad

Las obras para que estas instalaciones cumplan la ley pueden costar entre 8.000 y 50.000 euros, dependiendo de la tipología y del entorno

La mayor parte de las piscinas de las comunidades de vecinos de la provincia de Málaga no son accesibles, a pesar de que así lo ordena la ley desde el final del año 2017. Según el Colegio de Administradores de Fincas, apenas el 20 por ciento de estas instalaciones se han adaptado a la normativa. En algunos casos, además, tampoco se cumple la normativa específica de piscinas, que en este caso ponía como fecha límite el año 2014.

A pesar de que la ley de accesibilidad de piscinas tenía un plazo de cumplimiento en 2020, la Administración regional decidió adelantarla hasta 2017. Precisamente por este motivo, es la propia Junta de Andalucía la que no está cerrando piscinas, y solo está exigiendo que se realicen las obras en caso de que algún vecino lo exija. Así lo explica a SUR el vocal del Colegio de Administradores de Fincas, Rafael Martín Maqueda, que sí matiza que esto podría cambiar a partir de diciembre, que es cuando cumple el plazo original de la ley.

En concreto, dicha normativa establece varios elementos en concreto. En las obras nuevas la mayor parte ya se incluyen, pero todas aquellas comunidades con más de diez años deben realizar más de una actuación. En el caso de los accesos a los vasos, la ley dice que se posibilitará a las personas con movilidad reducida la entrada y salida a los vasos de las piscinas de forma «autónoma y segura».

Para ello, la piscina debe contar con una grúa o elevador hidráulico homologados. Asimismo, se exige una escalera accesible que cuente con dimensiones de peldaños de huella mínima de 30 centímetros y tabica de altura máxima de 16 centímetros. La huella será antideslizante y el ancho mínimo de la escalera será de 1,20 metros. Dicho acceso al vaso debe contar con un doble pasamanos, «prolongándose en el arranque y final de la escalera».

Eso es en lo referente a los vasos, pero en cuanto a los acceso a la instalación, la ley también da unas pautas. Así, se tiene que incluir un itinerario accesible que comunique las viviendas con la piscina. «Deberán ser accesibles a las personas con movilidad reducida, al menos, los itinerarios a las áreas y dependencias colectivas», añade el texto legal. Por último, se suma la necesidad de que haya un cuarto de baño preparado para personas con discapacidad.

Martín Maqueda lo resume en cuatro conceptos básicos: «Hay que construir una escalera de obra dentro de la piscina; comprar un elevador hidráulico; construir un camino que llegue hasta el bordillo y adaptar un cuarto de baño», especifica.

Lo que no oculta el vocal del Colegio es que dichas obras tienen un coste que para muchas comunidades de vecinos puede ser elevado. Siempre hablando de un precio medio, establece que en el caso de la escalera de obra, ésta puede tener un coste aproximado de 4.500 euros. La sillita hidráulica aparece en el mercado por unos 3.000 euros; mientras que adaptar un baño puede ascender hasta los 5.000. Es precisamente en el asunto del camino donde se pueden disparar los costes, ya que no es lo mismo hacer 5 que 50 metros, dependiendo de cómo sea la instalación en la que se encuentra la piscina.

«Teniendo en cuenta los precios y la situación en la que se encuentran las comunidades, cada una de ellas gasta entre 8.000 y 50.000 euros para conseguir que se cumpla la ley. La mayor parte lo considera un gasto elevado y algunas tienen que establecer gastos extra además de la cuota habitual, pero no hay otro camino. Hay que cumplir la normativa», insiste el vocal del Colegio.

Fuente: diariosur

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